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Centro Financiero
ACTUALIDAD
SECCIÓN
durante la pasada administración me-
diante la compra de empresas, hasta
medios de comunicación, que según
fuentes judiciales puede llegar hasta
los 3.500 millones de dólares, lo que
convirtió en una “piñata” el Erario.
Aunque todos los ojos están puestos
en conocer cómo un juez de Estados
Unidos decide el futuro del expresiden-
te Ricardo Martinelli, detenido en ese
país desde el pasado 12 de junio por
la petición de extradición formulada
por la Corte Suprema de Panamá, ese
caso se restringe a los “pinchazos” de
telecomunicaciones privadas que se le
achaca ordenó entre 2009 y 2014.
“Los países deben identificar, evaluar
y entender sus riesgos de lavado de
activos/financiamiento del terrorismo,
y deben tomar acción, incluyendo la
designación de una autoridad o me-
canismo para coordinar acciones para
evaluar los riesgos, y aplicar recursos
encaminados a asegurar que se miti-
guen eficazmente los riesgos. Con base
en esa evaluación, los países deben
aplicar un Enfoque Basado en Riesgo
(EBR) a fin de asegurar que las medidas
para prevenir o mitigar el lavado de ac-
tivos y el financiamiento del terrorismo
sean proporcionales a los riesgos iden-
tificados”, dice la primera de las 40 re-
comendaciones del GAFI, actualizadas
en 2016, referente a estos delitos.
Este enfoque –añade- “debe constituir
un fundamento esencial para la asig-
nación eficaz de recursos en todo el
régimen antilavado de activos y contra
el financiamiento del terrorismo (ALA/
CFT) y la implementación de medidas
basadas en riesgo en todas las reco-
mendaciones del GAFI”.
“Cuando los países identifiquen riesgos
mayores, éstos deben asegurar que
sus respectivos regímenes ALA/CFT
aborden adecuadamente tales riesgos.
Cuando los países identifiquen riesgos
menores, éstos pueden optar por per-
mitir medidas simplificadas para al-
gunas recomendaciones del GAFI bajo
determinadas condiciones”, acota.
Finaliza esta recomendación así: “Los
países deben exigir a las instituciones
financieras y Actividades y Profesiones
No Financieras Designadas (APNFD)
que identifiquen, evalúen y tomen una
acción eficaz para mitigar sus riesgos
de lavado de activos y financiamiento
del terrorismo”.
Panamá ha avanzado en ese sentido,
pero aún le queda camino por recorrer
en el caso de las APNFD, entiéndase
cooperativas, casas de remesas, fi-
nancieras, casinos, negocio ganadero,
bienes raíces, entre otras, y el GAFILAT
lo sabe.
Durante su visita de dos semanas, el
equipo evaluador de GAFILAT se re-
unió con más de 160 representantes
del sector público y privado, de sujetos
obligados no financieros y financieros
de diversos sectores de la economía,
entes de justicia, investigación y poli-
cial, entre otros.
Además visitó la Zona Libre de Colón,
el Aeropuerto Internacional de Tocu-
men y la Unidad de Análisis Financiero,
cuyo director, el comisionado de policía
Humberto Brid, es este año el vicepre-
sidente del GAFILAT y posiblemente su
presidente en el 2018.
Desde diversas instituciones y gremios,
se ha lanzado una fuerte campaña de
medios y publicidad externa en la que
se hace énfasis en la lucha contra la
corrupción y la prevención del blanqueo
de capitales en todas sus formas, otro
esfuerzo en la dirección recomendada
por el GAFI para educar a la población
y hacerle saber que son delitos graves.
Pero es una tarea difícil a nivel interna-
cional, porque la sensación generaliza-
da de que el escándalo de los Papeles
de Panamá, que destapó la existencia
de miles de sociedades anónimas ex-
traterritoriales en más de 20 jurisdic-
ciones a nombre de personalidades de
todo el mundo, no es más que la punta
del iceberg de un lucrativo negocio per-
fectamente legal, de acuerdo con las
normas panameñas.
El hecho de que muchas de esas fir-
mas constituidas por el bufete Mossack
Fonseca operaran en paraísos fiscales
abrió sospechas crecientes sobre eva-
sión fiscal y blanqueo de capitales. Y
hay que tomar en cuenta, además, que
muchas de las investigaciones judicia-
les en los países que se vieron afec-
tados aún no concluyen y en muchos
casos requerirán del intercambio de
información con Panamá, que también
está entretenida en el caso Odebrecht.
Y no ayudan mucho -todo lo contra-
rio- declaraciones como las de los
abogados de Mossack y Fonseca, que
resaltan que sus clientes eran bancos y
otros bufetes:
“Ellos son los que tienen que explicar
por qué los usuarios finales de esas
sociedades anónimas , fundaciones sin
ánimo de lucro e instrumentos de pla-
nificación financiera” les dieron el uso
por el que ahora se les investiga.
Panamá salió en febrero del 2016 de la
“lista gris” del GAFI, donde se encuen-
tran países que no hacen los suficientes
esfuerzos para combatir el blanqueo y
el financiamiento del terrorismo.
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