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Centro Financiero
VOCES CALIFICADAS
SECCIÓN
GENERALIDADES DEL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO EN PANAMÁ
Finalmente está rigiendo en todo el
territorio de Panamá el Sistema Penal
Acusatorio (SPA), en el cual prevale-
cen los principios de contradicción,
inmediación, simplificación, eficacia,
oralidad, publicidad, concentración,
igualdad de las partes, economía pro-
cesal, legalidad, institucionalización del
proceso y legítima defensa.
Los órganos jurisdiccionales determi-
nados por la Constitución Política y las
leyes, de acuerdo con el tipo de deli-
to o quien lo cometa son: El Pleno de
la Corte Suprema de Justicia, La Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia,
Los Tribunales Superiores de Apelacio-
nes de Distritos Judiciales, los Jueces
de Garantía, los Tribunales de Juicio,
los Jueces de Cumplimiento, los Jue-
ces Municipales, la Asamblea Nacional,
los Jueces Comarcales, las Autoridades
Tradicionales Indígenas y el Jurado de
Conciencia.
El inicio del proceso se puede dar de
tres maneras, a saber: de oficio, por
denuncia o por querella. El Fiscal inicia
la investigación con el objeto de asegu-
rarse la posibilidad de que una persona
participó o ejecutó un hecho punible.
Debe recabar toda la información y
obtener los elementos de convicción
que le permitan en su momento, pre-
sentar una acusación. En la investiga-
ción preliminar debe asegurar todo lo
requerido para comprobar el delito e
identificar a los autores y partícipes.
La investigación la inicia el Fiscal tan
pronto conozca el hecho, salvo que el
delito exija una querella. El querellante
legítimo es la víctima del delito la cual
debe presentarla en el Ministerio Públi-
co, mientras que el querellante coad-
yuvante es aquel que interviene como
víctima en una investigación iniciada de
oficio por el Fiscal, debiendo presentar-
la durante la fase intermedia, antes que
se dicte el auto de apertura del juicio.
Las querellas deben ser presentadas
por escrito. El querellante podrá par-
ticipar en el proceso, presentando los
hechos y pruebas que demuestren la
responsabilidad penal del imputado.
En el caso de una denuncia, la misma
debe ponerse en conocimiento del Mi-
nisterio Público frente a la ocurrencia
de un delito, por quien no es parte en
el proceso ni está obligado a probar su
requerimiento. La denuncia puede ser
anónima y no necesita formalidad o so-
lemnidad alguna. También existen los
delitos de acción pública, que obligan
a quienes tienen conocimiento de los
mismos en el ejercicio de sus funcio-
nes, a denunciarlos ante el Ministerio
Público (v.g. los funcionarios públicos,
médicos, farmaceutas, enfermeros,
contadores públicos autorizados, nota-
rios públicos, etc.)
También pueden participar aquellos
que aunque no están obligados a res-
ponder civil ni penalmente por razón del
delito imputado, presentan una afecta-
ción patrimonial en el proceso. A ellos
se les denomina Terceros Afectados,
pudiendo intervenir desde el momento
de sufrir un daño a su patrimonio has-
ta antes de la audiencia de acusación
por el Fiscal. Presentarán su evidencia
en la audiencia de acusación, para ser
controvertida en el juicio oral posterior.
También participaría el Tercero civil-
mente responsable. Esta es la persona
natural o jurídica, que respondería por
el daño causado por el imputado con
el hecho punible. La carga de la prue-
ba en el SPA le corresponde al Fiscal,
excepto los imputados por los delitos
de corrupción de servidores públicos,
blanqueo de capitales, terrorismo, nar-
cotráfico y enriquecimiento injustifica-
Por: Julio E. Linares Franco
Bufete Tapia, Linares y Alfaro
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