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Centro Financiero
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Desafortunadamente el sector guber-
namental no ha seguido los pasos de
las firmas de abogados panameñas y
esta posición pasiva podría crear po-
tenciales riesgos para nuestro sistema
financiero. A la fecha, muy poco se ha
diseminado sobre el Acuerdo Intergu-
bernamental (IGA) suscrito, pero no fir-
mado, entre el gobierno de Panamá y
el de los Estados Unidos. Este IGA es la
plataforma legal que facilitaría la entra-
da en vigor de FATCA en Panamá y ayu-
daría a las entidades sujetas a FATCA
a mitigar sus riesgos –particularmente
el creado por la divulgación de infor-
mación de algunos clientes que son
contribuyentes estadounidenses, como
lo podría requerir FATCA en casos muy
puntuales.
Uno de los aspectos críticos disemina-
dos en relación al IGA, establece que
Panamá solicitó y acordó participar
bajo el llamado IGA Modelo 1A. Esta
modalidad de IGA establece que toda
información va a fluir a través de una
entidad gubernamental local y que, de
la misma manera como las entidades
panameñas sujetas a FATCA enviarán
al Servicio de Rentas Internas de los
EE.UU. (IRS) información relacionada
con los contribuyentes estadouniden-
ses con activos financieros en Panamá,
el gobierno de los EE.UU. le enviaría a
la entidad gubernamental designada
por el gobierno de Panamá, informa-
ción de los contribuyentes panameños
con activos financieros en los EE.UU.
Aun cuando esta medida pareciera
razonable y consistente con nuestros
principios de país soberano, la misma
aumenta vertiginosamente los riesgos
de personas y entidades que utilizan
los servicios que ofrecemos.
En materia de administración de ries-
gos, el proporcionar la información de
nuestros clientes a una entidad guber-
namental sujeta a vaivenes políticos
aumenta el riesgo de competitividad
de las firmas reportantes pues la infor-
mación reportada de sus clientes pu-
diese, de manera inadvertida, quedar
en manos de un competidor ligado a
la entidad gubernamental que recibe la
información.
Por otro lado y más crítico aún, es que
la información de contribuyentes pa-
nameños –personas naturales y jurí-
dicas– que decidieron mantener parte
de su patrimonio en una cuenta en los
EE.UU. o extranjeros que utilizan ve-
hículos panameños, podría regresar a
esta misma entidad gubernamental lo-
cal. En administración de riesgos con-
sideramos esta medida como un au-
mento en el Riesgo del CRE –chantaje,
robo y extorsión– porque la información
recibida por la entidad gubernamental
podría salir de manera inadvertida de
la institución o ser utilizada con fines
reprensibles.
El fortalecimiento de la plataforma tec-
nológica de las entidades públicas y
el aumento en las sanciones por ma-
nejo indebido de información guber-
namental, podrían ser acciones para
mitigar estos riesgos. Países que nos
adherimos al principio de tributación
territorial no necesitamos saber de los
activos financieros que nuestros contri-
buyentes mantienen en los EE.UU. Si en
algún momento se desea esta informa-
ción como parte de una investigación
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