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Centro Financiero
como se verá, cambia sustancialmente,
al demandar su artículo 3 que, a par-
tir de su vigencia, “todo propietario de
acciones emitidas al portador deberá
designar a un custodio autorizado para
que mantenga en custodia los certifica-
dos de acciones al portador conforme a
las disposiciones de esta ley”, requisito
que no contempla la Ley de Socieda-
des Anónimas. Su finalidad es, como
deriva de la exposición de motivos de
la Ley, permitir la identificación del pro-
pietario a requerimiento de autoridades
competentes panameñas en caso de
investigaciones por blanqueo de capi-
tales o cualquier actividad ilícita según
la legislación nacional, o para cumplir
acuerdos o convenios internacionales
suscritos por Panamá.
En desarrollo de la norma citada, el ar-
tículo 5 de la Ley, ordena, en su texto
original, que “Toda sociedad que emita
certificados de acciones al portador con
posterioridad a la entrada en vigencia de
esta Ley deberá entregarlos al custodio
autorizado nombrado por el propietario,
junto con la declaración jurada a que se
refiere el numeral 1 del artículo 9, den-
tro de un plazo de veinte días, contado
a partir de la aprobación de la emisión
de las acciones al portador. Para efec-
tos de nombrar al custodio autorizado,
el propietario deberá proporcionar a la
sociedad emisora el nombre completo
del custodio autorizado, su dirección fí-
sica y los datos de una persona a la que
la sociedad emisora podrá contactar en
caso de ser necesario, con indicación
de un número de teléfono y dirección
de correo electrónico o número de fax.
La sociedad anulará la emisión de las
acciones al portador si el propietario no
suministra, dentro del plazo estable-
cido en este artículo, la información y
declaración jurada a que se refiere este
artículo”. De ello deriva que, a partir de
la entrada en vigencia de la Ley, el ac-
cionista ya no recibirá de la sociedad
el certificado de acciones tras su emi-
sión; el ente legal se lo entregará di-
rectamente al custodio autorizado que
designe el accionista. Ello, sin embar-
go, no le releva de tener que pagar el
valor total de la acción suscrita, como
lo manda el artículo 28 de la Ley de So-
ciedades Anónimas.
Es de observar que la Ley 18 introdu-
jo en el artículo 5 de la Ley un párrafo
que ordena a cualquiera de los órganos
corporativos de la sociedad hacer que
el ente legal se acoja a los dictámenes
de la Ley para que la sociedad pueda
emitir acciones al portador. Según el
mismo, “La junta directiva de la socie-
dad o su asamblea de accionistas de-
berá autorizar que la sociedad se acoja
al régimen de custodia creado por la
presente ley y dicha autorización debe-
rá ser inscrita en el Registro Público”.
Consideramos que esta disposición re-
sulta innecesaria por cuanto que, por
tratarse de sociedades constituidas con
posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley, bien se puede establecer en
el pacto social de la sociedad una cláu-
sula de sometimiento a la Ley sin que
sea necesario que, con posterioridad a
su constitución, alguno de los órganos
sociales tenga que adoptar la resolu-
ción en cuestión para su inscripción
en el Registro Público. Sería ilógico,
en nuestra opinión que, de contener el
pacto social la disposición antes aludi-
da, se demande el trámite antes reque-
rido por el párrafo introducido al artícu-
lo 5 para validar la emisión de acciones
al portador.
La declaración jurada a que alude el
artículo 5 corresponde a un documen-
to privado que el inversionista deberá
expedir y entregar a la sociedad al mo-
mento de suscribir las acciones como
parte de la cadena de actos a los que
nos referimos en párrafos anteriores
para formalizar la adquisición de las
acciones al portador, y que la sociedad
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