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Centro Financiero
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terioridad a la entrada en vigencia de la Ley deberán
ser reemplazados por certificados nominativos, o en-
tregados a un custodio autorizado para su resguardo,
según que la sociedad se haya acogido o no para esa
fecha al nuevo régimen estipulado en la Ley. Luego del
31 de diciembre de 2015 sin que se hayan satisfecho
los requisitos legales que permiten preservar la emisión
de títulos al portador, todo pacto social se considera
modificado de pleno derecho, por ministerio de la Ley,
quedando prohibida la emisión de acciones al portador.
Es de destacar, en el aspecto bancario, que, por razón
del prolongado período de transición para la aplicación
de la Ley a sociedades anónimas ya existentes, con
la autonomía que le confiere la legislación bancaria,
la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos
de Panamá estableció mediante Resolución General
No. SBP-GJD-0009-2014, de fecha 2 de diciembre
de 2014, medidas que debían observar los bancos de
manera inmediata para identificar al propietario o be-
neficiario final de las sociedades anónimas que fueran
clientes de bancos establecidos en Panamá, a fin de
preservar la transparencia del sistema financiero nacio-
nal. Al adelantarse el período de transición de la entrada
en vigencia de la Ley, la Superintendencia de Bancos
revocó la referida Resolución General mediante Reso-
lución General SBP-GJD-0002-2015, de 19 de mayo
de 2015, con lo cual, las sociedades anónimas clientes
de entidades financieras que cuenten con acciones al
portador quedarán sometidas al régimen de la Ley y los
bancos deberán asegurarse de su observancia.
Para dar eficacia al cumplimiento de esta nueva regu-
lación luego de vencido el nuevo período de transición
para sociedades existentes al momento de su fecha
de entrada en vigencia, el artículo 4 de la Ley dispone
que, a partir del 31 de diciembre de 2015, se tendrán
como modificados por imperio legal los pactos sociales
de dichas sociedades, prohibiéndoles la emisiones de
acciones al portador, si no se acogen de manera ex-
presa al régimen de custodia de los títulos accionarios
establecido en la Ley, mediante decisión de la junta
directiva o asamblea de accionistas de la sociedad y
se haya inscrito la resolución respectiva en el Registro
Público. Adelantamos al respecto, como comentaremos
más adelante, que la inobservancia de dicha disposi-
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