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Centro Financiero
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cual el arancel de importaciones sólo
puede ser modificado por ley formal)
había sido derogado tácitamente por
el artículo 195 de la Constitución que
facultó al Consejo de Gabinete para
modificar el arancel de importación
y aplicó al caso concreto la norma
constitucional y no la norma legal de-
rogada. La Sala aclaró, sin embargo,
que sólo una Sala de la Corte Supre-
ma puede desaplicar en un caso con-
creto una ley por considerar que ha
sido derogada por la Constitución”.
Sin embargo, consideramos que no
hay que hacer alarde de sabiduría
para interpretar una norma tan clara
como el artículo 326 de la Constitu-
ción, sobre todo a la luz del artículo 9
del Código Civil que señala: “Cuando
el sentido de la ley es claro, no se de­
satenderá su tenor literal a pretexto de
consultar su espíritu …”. Al no estar
ante una expresión oscura de la ley,
no hace falta recurrir a su intención
o espíritu (por ejemplo escudriñando
el derecho comparado o fallos de la
Corte mal enfocados), según lo que
adiciona el susodicho artículo 9.
Ante esta realidad sustantiva, es de-
cir, frente al hecho de que a una ley
o norma jurídica declarada inconstitu-
cional se le considera como una ley
derogada, debe aplicarse, repetimos,
el artículo 37 del Código Civil cuando
reza que “Una disposición derogada
sólo recobrará su fuerza en la forma
en que aparezca reproducida en una
ley nueva, o en el caso de que la ley
posterior a la derogatoria establezca
de modo expreso que recobra su vi-
gencia”. O lo que es igual, para revi-
vir la norma derogada no basta abolir
la ley que la derogó. Como tampoco
basta para reavivar la ley derogada, se-
gún el artículo 326 de la Constitución
en concordancia con el artículo 37 del
Código Civil, declarar inconstitucional la
norma que la derogó. Menos todavía al
aplicar el artículo 2573 del Código Judi-
cial, que establece la irretroactividad de
las fallos de inconstitucionalidad.
Lo anterior es un breve y sencillo de-
sarrollo literal del derecho positivo pa-
nameño, sin entrar en elucubraciones
provenientes del derecho extranjero.
Circunloquios estos descritos en los
equivocados fallos de 27 de octubre de
1993 y de 31 de enero de 1994. Fallos
en los que se basó la Corte Suprema
de Justicia, erróneamente en nuestro
humilde concepto, para justificar la
reviviscencia de la Sala Quinta en la
sentencia proferida el 25 de enero de
2011. Lo que nos hace concluir que la
reviviscencia automática de una norma
jurídica en Panamá, no es posible jurí-
dicamente a la luz del derecho positivo
panameño, ni con la derogatoria ni con
la declaratoria de inconstitucionalidad
de la ley que la derogó.
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