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Constitución y el artículo 37 del Códi-
go Civil, porque su conclusión fue bien
sustentada. Véamos.
Según el artículo 326 de nuestra Carta
Magna, “Quedan derogadas todas las
Leyes y demás normas jurídicas que
sean contrarias a esta Constitución…”.
Es decir, se considera taxativamen-
te como derogada, toda normativa de
cualquier naturaleza que sea contraria
a la Constitución Política de la Repú-
blica de Panamá. Y es precisamente
a la Corte Suprema de Justicia que le
toca, a través de sus fallos, revelar la
inconstitucionalidad de las leyes. Nor-
mas jurídicas que una vez declaradas
inconstitucionales, deben catalogarse
como “derogadas” por mandato expre-
so de nuestra Constitución.
Es decir, ante la derogatoria expresa
de una ley declarada inconstitucional,
según nuestra propia Carta Política, y
frente a la irretroactividad de las de-
cisiones de la Corte en materia de
inconstitucionalidad que establece el
artículo 2573 del Código Judicial, no
encontramos como, jurídicamente en
Panamá, puede una ley derogada reco-
brar su inmediata vigencia, cuando la
ley que la derogó es declarada incons-
titucional. En el tema de la reviviscen-
cia la Corte prefirió apoyarse en 1993
y 1994 en la doctrina extranjera y el
derecho comparado, y en 2011 en esta
jurisprudencia limitada y contraria a la
Constitución y las leyes de la República.
En el fallo de 27 de octubre de 1993,
la Sala Tercera de la Corte Suprema de
Justicia concluye que del artículo 326
de la Constitución (antes el 311), “no
puede entenderse que el efecto de la
inconstitucionalidad es la derogación”.
Y lo sustenta con una explicación fuera
de contexto y hasta confusa, cuando
señala lo siguiente: “Esa norma dispo-
ne, como es usual en muchas Consti-
tuciones, que ‘quedan derogadas todas
las leyes y demás normas que sean
contrarias a esta Constitución’. En ge-
neral, se estima que ésta sólo es apli-
cable a las leyes preconstitucionales,
pero hay quienes sostienen que éstas al
ser incompatibles con una norma cons-
titucional posterior, están afectadas por
una inconstitucionalidad sobrevenida
(solución italiana), que han sido dero-
gadas (solución alemana) o bien se ha
adoptado una solución ecléctica, como
en España en donde el Tribunal Consti-
tucional ha señalado, en sentencia del
2 de febrero de 1981, que cabe tanto la
inaplicación por derogación en el caso
concreto por los tribunales ordinarios
como la declaración de inconstitucio-
nalidad pronunciada por él mismo con
efectos erga omnes (cfr. Jérome Tre-
meau, “La caducité des lois incompati-
bles avec la Constitution”, publicado en
Annuaire International de Justice Cons-
titutionnelle 1990, Editorial Económica-
Presses Universitaires D’Aix-Marseille,
París y Aix-en-Provence, 1992, págs.
219 a 316). Agregando más adelante:
“… Es claro que las normas legales
posteriores a la Constitución que sean
incompatibles con ésta son inconsti-
tucionales, y en esto no hay discusión.
Sólo con respecto a las leyes precons-
titucionales la hay. En Panamá segui-
mos, con respecto a las leyes anterio-
res a la Constitución de 1972, una tesis
similar a la ecléctica que se ha adop-
tado en España: la Corte Suprema ha
declarado inconstitucionales leyes pre-
constitucionales y ésta ha sido la tesis
predominante, pero la Sala Tercera de
la Corte Suprema reconoció, en la sen-
tencia de 25 de mayo de 1992, que el
artículo 534 del Código Fiscal (según el
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...60
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