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Centro Financiero
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gula el arbitraje comercial nacional e in-
ternacional en Panamá, no aplica a temas
bancarios pero, la realidad es otra.
Se ha hecho mención al derogado Decre-
to Ley 5 de 1999 sobre arbitraje, porque
si bien vino a ser reemplazado por la Ley
131 de 2013, aquél contenía una disposi-
ción interesante en lo que a restricciones
de autoridades competentes se refería.
El Decreto Ley 5 de 1999 señalaba que
no podían ser sometidas a arbitraje las
controversias que surgieran de materias
que no fueran de la libre disposición de
las partes, entiéndase entre otras, las que
se derivaran de funciones de protección o
tutela de personas o temas regulados por
normas imperativas de Derecho. La refe-
rida prohibición incluía que no pudieran
ser susceptibles de resolverse mediante
el arbitraje, asuntos, por ejemplo, de pro-
tección al consumidor. De allí que cuando
se interpusieran demandas ante los tri-
bunales de justicia, los jueces ordinarios
decidieran que pese a la existencia de
una cláusula arbitral, el proceso sería de
conocimiento de los tribunales de justicia
y no de un tribunal arbitral ni administra-
do por un centro de arbitraje.
Pasaron los años y era común ver contra-
tos con cláusulas arbitrales, cuyos con-
flictos fueran resueltos por los llamados
juzgados de comercio y no por un tribu-
nal arbitral como fue la voluntad de las
partes cuando redactaron el contrato a
través del cual entre otras cosas, se com-
prometieron a resolver sus diferencias a
través de arbitraje. Luego, con el tiempo,
inició la discusión de si los contratos que
incluían la cláusula arbitral eran o no de
adhesión, abusivos y susceptibles de de-
clararse nulos.
La situación antes mencionada vino a
cambiar con la Ley que derogó el decreto
ley 5 de 1999, es decir, con la Ley 131 de
2013 que eliminó la restricción, señalan-
do ahora que pueden someterse a arbi-
traje las controversias sobre materias de
libre disposición de las partes conforme a
Derecho, así como aquellas que las Leyes
autoricen. Con ello no queda duda que la
intención de la nueva Ley de Arbitraje es
dejar a criterio de las partes involucradas
si desean o no someter su controversia a
arbitraje, sin la existencia de una restric-
ción que les exija acudir únicamente a la
justicia ordinaria por ser su controversia
de aquellas no susceptibles de resolverse
por arbitraje como lo indicaba el deroga-
do Decreto Ley 5 de 1999.
Sin perjuicio de todo lo anterior, cuando
se trata de asuntos bancarios, el Decreto
Ejecutivo número 52 de 2008 respecto al
régimen bancario y a la Superintendencia
de Bancos de Panamá, toma una partici-
pación crucial. Esta normativa no sólo le
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