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Centro Financiero
cer de legitimidad y el decomiso penal
es contra la “persona”, es decir una vez
comprobada su participación y emitida la
sentencia en su contra, se busca como
parte de la pena o castigo por la comisión
del hecho punible despojarle de los bie-
nes que haya obtenido producto del ilíci-
to, para su comisión o bien ocultamiento.
Es pues que el modelo de UNODC, esta-
blece las siguientes fases para prevenir
que se violenten los derechos tales como:
fase pre-procesal en la cual se efectúan
las investigaciones, decisión de la pre-
tensión en la cual falla sobre la admisión
del proceso o bien indica si se debe pro-
ceder a subsanar algún defecto. El tras-
lado aquí es una de las más importantes
fases del proceso en la cual se pone en
conocimiento del propietario o bien el
tenedor de la cosa el proceso de extin-
ción de dominio sobre los bienes, existen
audiencias preparatorias y audiencias de
pruebas y alegatos y por último la sen-
tencia. Habiendo dicho esto, aquellos
que somos propietarios en debida for-
ma y podemos sustentar la legitimidad
de nuestro caudal patrimonial, debemos
confiar en que contamos con un sistema
jurídico con las fases procesales claras y
los medios para proteger nuestros intere-
ses no debe existir temor alguno, frente a
la implementación de este tipo de ley; al
contrario, con su implementación se da el
golpe más fuerte para las organizaciones
criminales, quienes no pudiendo susten-
tar en debida forma los bienes que po-
seen, se verían cortos de dinero y bienes
para la continuidad o bien desarrollo de
nuevas operaciones lo que se traduciría
en una sociedad más sana.
Habiendo analizado las recomendaciones
anteriormente descritas, que a nuestro
juicio son de las que más se focalizan
en el ejercicio de la fiducia, nos queda
por determinar si son realmente de obli-
gatorio cumplimiento para el país y las
instituciones financieras los preceptos
contenidos en las 40 recomendaciones.
La respuesta es que remontándonos al
origen del Grupo de Acción Financiera
Internacional, como ente interguberna-
mental establecido en 1989, tenía y sigue
teniendo como objetivo establecer las
guías, normativas, en general medidas
legales regulatorias y operativas tendien-
tes a la prevención del lavado de activos,
financiamiento del terrorismo así como
cualquier posible amenaza que pudiese
afectar el sistema financiero en general;
como lo dispone la propia introducción
a las 40 recomendaciones, actualizadas
a febrero del año 2012, que hemos de-
sarrollado a lo largo de este artículo. En
dicho documento se establece que los
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