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Centro Financiero
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ya que sin el poder adquisitivo no pue-
den hacerse de armas, materia prima,
adquisición de otros bienes ya sea para
la comisión de nuevos hechos delictivos
o bien para ejecutar alguna de las etapas
de la legitimación de activos o Blanqueo
de Capitales.
Es de conocimiento general que la Procu-
radora General de la Nación meses atrás
presentó un anteproyecto de ley sobre la
extinción de dominio, sin embargo el mis-
mo no ha culminado el proceso para su
aprobación y promulgación a la fecha de
redacción de este documento.
El hecho de despojar a las organizaciones
criminales de estos fondos y bienes ma-
teriales, permitirá a las autoridades a su
vez utilizarlos en la prevención de la co-
misión de actividades ilícitas en general,
lo cual es la labor actual de la Comisión
Nacional para el Estudio y la Prevención
de los Delitos Relacionados con las Dro-
gas (CONAPRED), cuyas principales la-
bores de acuerdo a la ley Número 23 de
1986, “Por la cual se reforman algunos
artículos del Código Penal y del Código
Judicial y se adoptan otras disposiciones
especiales sobre delitos relacionados con
drogas, para su prevención y rehabilita-
ción” y sus respectivas modificaciones a
la fecha, son utilizar los fondos y bienes
obtenidos producto del decomiso en Pa-
namá para desarrollar políticas y activi-
dades que prevengan la proliferación de
criminales en Panamá, así como para la
prevención de consumo de sustancias
psicotrópicas y estupefacientes ilegales
en la república; de la mano con la crea-
ción de programas de resocialización y
prevención de la comisión del delito en
Panamá.
Uno de los principales temores de la so-
ciedad frente a la aprobación de la ley de
extinción de dominio, en la República de
Panamá y a nivel internacional es que se
abra una brecha que permita violentar
los derechos humanos, tal como dispone
la Convención Americana de Derechos
Humanos, conocida como Pacto de San
José, de 1969, tales como las Garantías
Judiciales, Principio de la Legalidad y
el que más nos inquieta el Derecho a la
Propiedad Privada; lo cierto es que el mo-
delo presentado por la UNODC, contiene
el proceso para que se configure la ex-
tinción de dominio, el cual lleva todas las
etapas procesales, a nuestro juicio, ne-
cesarias para que se proteja la integridad
y derecho de las personas. Recordemos
que el decomiso sin condena o extinción
de dominio es contra la “cosa”, directa-
mente sobre el bien que aparenta care-
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