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Centro Financiero
tomen acciones eficaces para mitigar
los riesgos, las empresas fiduciarias, no
tenemos normativa alguna que nos im-
ponga las pautas o nos dé las guías ne-
cesarias para el fiel cumplimiento de esta
recomendación; por lo que nos compete
una vez más buscar los medios necesa-
rios para tomar e implementar las medi-
das y políticas necesarias que permitan
identificar los riesgos a los que nos expo-
nemos en el normal ejercicio de nuestro
negocio fiduciario; tales como matrices y
procesos de debida diligencia intensifi-
cada o ampliada, sistemas de monitoreo
y seguimiento de aquellos fideicomisos
que arrojen resultados en los que los ni-
veles del riesgo del mismo lo ameriten,
de acuerdo a las políticas propias que
además debemos adoptar.
Pese a que la recomendación que am-
pliaremos por último no está directamen-
te ligada al negocio fiduciario, considera-
mos importante hacer referencia a ella ya
que es una de las herramientas jurídicas,
que entendemos como de las más pode-
rosas y efectivas para desarticular a las
organizaciones criminales.
Hablemos entonces del “Decomiso y
medidas provisionales”. A la fecha el de-
comiso si condena o bien la extinción de
dominio, como se le conoce en algunas
jurisdicciones, no existe dentro de las
leyes vigentes en Panamá tal como su-
giere el GAFI. Su finalidad es proceder
al decomiso de bienes que se considera
provienen o han sido utilizados para la
ejecución u ocultamiento de actividades
ilícitas, sin que exista previa condena.
Ejemplo de la relevancia de esto es que
la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito emitió un documento
modelo de la ley de extinción de dominio,
como parte del Programa de Asistencia
Legal para América Latina y el Caribe.
En Panamá, contamos con el decomiso
penal, que surge como parte de la pena
una vez existe una condena contra el
sindicado. En países como México, Co-
lombia, Guatemala y Costa Rica existen
propiamente leyes de extinción de domi-
nio, en la cual una vez no comprobada
la legitimidad de adquisición del bien,
se procede a la confiscación del mismo;
cada jurisdicción es libre de ajustar los
procedimientos para que se produzca
finalmente la extinción de dominio. Al
congelar los fondos, confiscar bienes y
finalmente extinguir el dominio, se ata-
ca directamente el poder adquisitivo y el
patrimonio de las organizaciones crimi-
nales, lo que los coloca en una posición
de desventaja frente a las autoridades;
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