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Centro Financiero
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Hemisferio, según la Asociación Internacional de Transporte
Aéreo) y en materia de comunicaciones (i.e. 5 cables de fibra
óptica submarina pasan por nuestro país; país número 43 de
148 en el mundo, y el número 2 en América Latina, de más
alto nivel tecnológico, según el Informe Global de Tecnología
de la Información - 2014, del Foro Económico Mundial).
En adición, el sistema legal es favorable: (i) la Constitución
Nacional reconoce los métodos alternativos de solución de
conflictos como alternativa a la jurisdicción ordinaria; (ii) Pa-
namá cuenta con 15 convenios de doble tributación vigentes
y unos 8 acuerdos de intercambio de información tributaria
vigentes; (iii) en Panamá existe la libertad de selección de ley
aplicable y de foro competente en materia de contratos; (iv) en
Panamá existe libertad de testar y por ende no hay herencias
forzosas; (v) Panamá tiene un sistema tributario fundamen-
talmente territorial; (vi) Panamá permite la movilización (i.e.
migración para efectos de regulación bajo otra jurisdicción)
de estructuras jurídicas (e.g. sociedades, fundaciones, fidei-
comisos) hacia y desde Panamá; (vii) aunque se ha venido
relativizando el concepto de confidencialidad, Panamá todavía
preserva un nivel aceptable de confidencialidad.
En adición a todo lo anterior, la ley panameña de fideicomiso,
tiene algunos aspectos dignos de destacar, para efectos de
la planificación patrimonial: (i) regula el fideicomiso de una
manera expresa e integral, en forma de ley especial, a di-
ferencia de muchos otros países en América Latina, en los
que se regula parcialmente dentro del Código Civil, Código
de Comercio o en leyes bancarias o de valores. Este hecho
representa una mayor precisión y a la vez flexibilidad regula-
toria; (ii) aunque se inspiró en la legislación estadounidense,
se diferencia de las jurisdicciones anglosajonas, en que no
permite la creación de fideicomisos implícitos ni verbales ni
contempla la posibilidad de ejercer acciones en equidad (e.g.
suspensión de actos o cumplimientos específicos forzados),
más allá de acciones legales; (iii) no prohíbe los fideicomisos
sucesivos, como sí sucede en las jurisdicciones anglosajonas
y en otras legislaciones latinoamericanas; (iv) no se establece
una limitación temporal a la vigencia de los fideicomisos; (v)
permite designar libremente a beneficiarios; (vi) hace respon-
sable al fiduciario del adecuado cumplimiento de lo dispuesto
por el fideicomitente; (vii) permite el uso de métodos alterna-
tivos de solución de conflictos; y (viii) permite la migración del
fideicomiso hacia otras jurisdicciones.
Aunque la naturaleza del presente no nos permite ser extensos,
confiamos en que este corto artículo estimule a otros colegas
a profundizar en el estudio y análisis de este fascinante tema.
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