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Centro Financiero
personas, establece en su artículo 8
que la muerte o incapacidad sobrevi-
vientes de un cuentahabiente no al-
teran las órdenes de retiro o pago de
fondos dadas por él con anterioridad
a estos hechos. Esta norma fue discu-
tida en un proceso judicial que dictó
jurisprudencia a través de sentencia
de 20 de agosto de 1999 de la Sala
Civil de la Corte Suprema, que dejó
saber que aplica la regla de órdenes
de retiro o pago, inclusive para plazos
fijos cuando sobrevenga la muerte del
depositante (sin necesidad de pro-
ceso judicial sucesorio), pues debe
también emplearse para casos simi-
lares ante el silencio o inexistencia
de regulación normativa, viendo que
el contrato bancario de plazo fijo no
está tipificado (en este proceso judi-
cial, participó activamente la firma de
abogados Owens & Watson, en la cual
el autor del presente artículo es abo-
gado y socio).
Para poder ceñirse a cualquiera de
estos tres (3) ejemplos explicados,
de índole bancario, el cliente debe
forzosamente nombrar a personas
naturales, razón por la cual estas fór-
mulas no coadyuvan a la protección
de activos del cliente (fórmulas en las
que es obligante crear y administrar
personas jurídicas separadas de la
existencia natural del cliente), aunque
sí a evitar tribunales de justicia en
materia hereditaria.
4. Existen algunas normas que simplifi-
can la sucesión, pero no la dejan en
manos privadas. Un ejemplo es el ar-
tículo 155 del Código de Trabajo, que
reza que en caso de muerte del tra-
bajador, los salarios que éste hubiese
devengado, las vacaciones completas
o proporcionales que hubiere acumu-
lado, y las demás prestaciones a que
hubiese derecho, serán remitidos por
el empleador al juez seccional de tra-
bajo competente, o le podrán ser exi-
gidos, a petición del interesado, para
que el juez haga entrega de la suma
de dinero correspondiente, si su im-
porte fuere menor a 1,500 dólares y
sin necesidad de juicio de sucesión
(para sumas mayores a los 1,500 dó-
lares se necesita además publicar un
edicto por cinco días), a los hijos me-
nores, por conducto de quien los re-
presente y, en su defecto, al cónyuge
o al conviviente, que al momento del
fallecimiento del trabajador convivía
permanentemente con él. En defecto
de hijos o consortes, los importes se
entregan a la madre o padre y, si és-
tos no existieren, a los descendientes
conforme el Código Civil.
5. En otra rama diferente, están los do-
cumentos negociables expedidos por
el Estado para el pago de obligacio-
nes. Como referencia, tenemos el
‘Certificado de Participación Nego-
ciable’,
también conocido como el
CERPAN. La ley que crea el CERPAN
explica que en el evento de muerte del
tenedor en debido curso, tendrá de-
recho a reclamar el valor del CERPAN
aquella persona natural o jurídica que
éste en vida haya dejado como benefi-
ciario designado en la Contraloría Ge-
neral de la República (artículo 12 de la
Ley 29 de 2001). Igual que los comen-
tarios anteriores sobre las facilidades
para heredar prestaciones laborales,
este mecanismo de heredar no queda
en manos privadas, como sí es el caso
con las fundaciones de interés privado
y los fideicomisos. Panamá también
ha tenido otros sistemas de pago ex-
traordinario por parte del gobierno de
turno, como el caso de ‘cheques fis-
cales’, producto de la crisis financiera
del gobierno después de la invasión
americana de 1989; y recientemente
en el lustro gubernamental pasado, el
Certificado de Pago Negociable del XIII
Mes (CERDEM, Ley 40 de 2013) para
el pago de las deudas atrasadas del
Estado panameño en concepto de XIII
Mes de los trabajadores del gobierno,
en que igualmente hay normas que
facilitan la herencia, pero sin dejar el
tema en manos de un dirimente de
Derecho Privado.
En Fallo de la Sala de lo Civil de la Cor-
te Suprema de Justicia, de 20 de junio
de 2014, respecto a un Recurso de Ca-
sación, la Corte ha dictado jurispru-
dencia que crea un mecanismo alterno
de herencia a través del manejo de las
acciones de los socios difuntos. El fallo
(también la firma de abogados Owens &
Watson tuvo participación en este expe-
diente), entre otros argumentos, esgrime
que
“las sociedades anónimas cuentan
con amplias facultades para establecer
todas aquellas restricciones para el
traspaso de sus acciones, siempre que
no sean contrarias a la ley, por lo que
las restricciones en cuanto a certifica-
dos de acciones de socios difuntos, no
constituye una violación al derecho de
propiedad ni al de herencia, por cuanto
que ella deriva de una regulación con-
tractual que puede ser suscrita por el
accionista y la cual sus herederos al
aceptar la herencia lo hicieron con las
cargas, restricciones y limitaciones que
sobre dichos bienes pesen”. “Y es que
una acción de sociedad anónima es un
título valor, integrado por el derecho de
dividendos, el derecho a voto, el dere-
cho a una cuota parte de la sociedad en
caso de disolución y liquidación, entre
otros, el cual, por disposición de la Ley
de Sociedades Anónimas se encuentra
sometido a las restricciones estableci-
das en su Pacto Social. Si el Pacto So-
cial establece que en el supuesto que
el tenedor de una acción desee transfe-
rir o traspasar dichas acciones deberá
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