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Centro Financiero
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Panamá, o aprovechando las estructuras
jurídicas que su sistema pone a disposi-
ción de nacionales y extranjeros por igual.
Panamá debe considerar que, por los
canales diplomáticos pertinentes, sus
representantes denuncien ante las asam-
bleas generales de los miembros de la
ONU y de la OEA, y ante cualquier otra
instancia de estos organismos que esté
disponible con este propósito (llámense
órganos de consulta, representaciones
permanentes, secretarías u otras), es-
tas conductas que caracterizan actos de
agresión contra Panamá por otros Esta-
dos miembros, pretendiendo ampararse
en organismos de los cuales Panamá no
es miembro, ni tiene porque someterse
a sus decisiones, objetivos o designios,
como es el caso de la OCDE.
Las exigencias que, por razones de su
propia conveniencia, han hecho estos Es-
tados contra Panamá, calificándola como
paraíso fiscal, se convierten en reclamos
arbitrarios y violatorios de los compromi-
sos internacionales de esos países frente
a Panamá, al amparo de los principios
fundamentales tanto de la ONU como de
la OEA. Aun cuando dichas exigencias
intentan reflejar la búsqueda de acuer-
dos bilaterales o multilaterales, al fin y al
cabo, su propósito real es forzar y doble-
gar la voluntad soberana de nuestro país
para acomodarla a dichas exigencias.
Estos acuerdos, obtenidos bajo amena-
za o coacción, vician el consentimiento
de Panamá como Estado soberano e in-
dependiente, y, por lo tanto adolecen de
nulidad a la luz del derecho internacional
público.
Las exigencias que se nos intentan im-
poner representan cambios complejos
orientados a restarles importancia y com-
petitividad a países que, como el nuestro,
tienen economías importantes de servi-
cios internacionales. La implementación
de las medidas exigidas conlleva la ne-
cesidad de que nuestro país asuma un
costo elevado, tanto a nivel público como
privado, aparte de la merma en ingresos
generados por las actividades que resul-
tarían afectadas por la consecuente re-
ducción de nuestra competitividad.
Los intereses nacionales de Panamá se
verían afectados de dejarnos llevar por
el clamor de estas presiones i) en el
aspecto político, como país soberano e
independiente y con el derecho a su li-
bre autodeterminación, con base en los
principios básicos del derecho interna-
cional público; ii) en el aspecto econó-
mico, por razón de la contribución que a
nuestra producción de bienes y servicios
representa nuestra plataforma de servi-
cios internacionales, en pie desde hace
muchísimas décadas y iii) en el aspecto
social, por razón del costo en recursos
humanos y financieros que tendríamos
que asumir para satisfacer las exigencias
de estos Estados a expensas de nuestras
verdaderas prioridades, consistentes en
el mejoramiento de las oportunidades y
de la condición de vida de nuestros ciu-
dadanos, y de los extranjeros que viven
en Panamá y contribuyen con su esfuerzo
diario a nuestro desarrollo.
Considerando la orientación de los refe-
ridos grupos de presión de convertir al
mundo globalizado en un mundo fiscali-
zado por ellos, Panamá debería alzar su
voz de protesta ante la marcada posición
de estos países de pretender constituir-
se en garantes de valores democráticos
y reclamar, por nuestra parte, que se
respeten los derechos establecidos por
nuestra Constitución y nuestras leyes y
por el derecho internacional público de
aceptación universal.
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