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Centro Financiero
nos para ser “el teatro en donde han de
encontrarse hombres de todas las nacio-
nalidades e intereses de todo género en
constante actividad”.
Este espíritu de apertura ha llevado al
país a un gran desarrollo en el comercio
internacional y en la creación de entida-
des legales, cuya estrategia consiste en
promover servicios para el beneficio de
la comunidad internacional y que aportan
significativamente al bienestar de Pana-
má. Entre ellas, se destaca, en primer lu-
gar, el Canal de Panamá, con su estructu-
ra jurídica de administración y desarrollo
a cargo de la Autoridad del Canal de Pa-
namá, complementado por entidades y
actividades, como el movimiento comer-
cial de la Zona Libre de Colón, los servi-
cios bancarios, de seguros y reaseguros,
los puertos y el sistema multimodal de
transbordo de carga a través del istmo, la
ley de Sedes de Empresas Multinaciona-
les, y un marco legal que nos ha permi-
tido convertirnos en el país con la mayor
flota de marina mercante mundial, tanto
en número de barcos como en tonelaje,
y en un centro de categoría mundial en
la creación y administración de diversos
tipos de entidades jurídicas.
Como miembro de la OEA y con respec-
to a los otros Estados miembros de esta
organización, Panamá debe ser respe-
tuosa de sus postulados en materia de
la realización de justicia social (léase
oportunidades de trabajo, mejoramiento
en la distribución de la riqueza, acceso a
educación y salud oportunas y de calidad,
entre otros). En tal sentido, Panamá debe
colaborar con los demás Estados miem-
bros en la consecución de estos objeti-
vos, incluyendo el respeto a sus sistemas
tributarios, siempre que estos sean justos
y equitativos tanto en cuanto a sus na-
cionales como a los extranjeros sujetos a
sus jurisdicciones.
Dicho esto, Panamá no tiene porque acep-
tar, ni puede ser objeto lícito de medidas
discriminatorias, punitivas o confiscato-
rias, que cualquiera de dichos Estados
pretenda adoptar unilateralmente contra
nuestro país, bajo una calificación de Pa-
namá y de sus instituciones y su marco
jurídico, como correspondientes a un pre-
tendido “paraíso fiscal”. Las diferencias
que cualquiera de estos países tenga con
Panamá por razón de su régimen tributa-
rio, tienen que ventilarse por medio de los
mecanismos de negociación directa, me-
diación o arbitraje o de índole parecida a
los que hace referencia la carta constituti-
va de la OEA, como también la de la ONU.
Esto, sin embargo, excluye cualquier acto
de agresión unilateral de cualquiera de
dichos otros Estados miembros contra
Panamá o sus nacionales, o los extran-
jeros que se acojan a las leyes y estruc-
turas panameñas. Valga resaltar que el
concepto de “agresión”, bajo la carta
constitutiva de la OEA, no se limita a la
fuerza física o militar, sino que incluye
medidas económicas discriminatorias,
punitivas o confiscatorias, que pretenda
imponer algún otro Estado miembro con-
tra nuestro país, o contra las actividades
o los bienes que nuestros nacionales o
que los extranjeros, incluso originarios de
ese otro país, realicen o mantengan en
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