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Centro Financiero
con las obligaciones que ha contraído en
los convenios internacionales, de los cua-
les es parte.
Fundamentales para este análisis son
las garantías que tiene cualquier perso-
na, nacional o extranjera, en Panamá: i)
al debido proceso ante cualquier denun-
cia o investigación que se realice sobre
su persona, actividades o bienes; ii) a la
presunción de inocencia hasta tanto se le
haya condenado en juicio público, ajusta-
do al debido proceso, mediante sentencia
en firme y iii) a la privacidad y, por tanto,
a la confidencialidad de la documenta-
ción e información que se obtenga de
dicha persona.
Por tanto, Panamá no debe ceder en el
ejercicio de su soberanía territorial y ju-
rídica ante las presiones de ningún otro
Estado o grupo de Estados, por más fuer-
tes que de hecho sean, ya que tenemos
derecho a exigir y recibir trato igual y
equitativo frente a cualquier otro Estado,
y a establecer, de forma autónoma y en
ejercicio de nuestra libre autodetermi-
nación, nuestro propio régimen jurídico,
tanto público como privado, y a que el
mismo sea respetado por el concierto de
naciones.
Panamá debe cumplir con seriedad los
compromisos que adquiera frente a ter-
ceros Estados, mediante convenios inter-
naciones, bilaterales o multilaterales, de
establecer, recabar, actualizar y divulgar
a las autoridades competentes de dichos
Estados las estadísticas y la información
objeto de dichos convenios.
Lo debe hacer, sin embargo, guardando y
exigiendo siempre la confidencialidad de
dicha información y su utilización única y
exclusivamente en una investigación au-
torizada y realizada dentro del marco de
dichos convenios, y en el curso de la cual
se observen debidamente las garantías
individuales referidas.
Por estas razones, Panamá no debe obli-
garse a suministrar información de forma
automática que pueda afectar la seguri-
dad o los derechos de los nacionales o
extranjeros, que se acojan a la protección
del marco jurídico panameño.
Panamá tiene todo el derecho de esta-
blecer y mantener el régimen tributario
que considere que mejor atiende sus
intereses, para el beneficio tanto de sus
nacionales como de los extranjeros do-
miciliados o residentes en Panamá, o
con bienes o actividades en Panamá, o
que aprovechen lícitamente (conforme
al marco jurídico panameño) sus institu-
ciones y estructuras, públicas y privadas.
Cabe señalar que el principio de territo-
rialidad fiscal en Panamá fue adoptado
hace más de 60 años, por lo cual es de
larga data y aceptación como piedra an-
gular de nuestro sistema jurídico, y no
es el producto de un capricho o medida
oportunista reciente.
Igual se puede afirmar de nuestro régi-
men de sociedades anónimas (incluyen-
do la posibilidad de emitir acciones al
portador) adoptado en 1927, hace más
de 80 años.
No está de más recordar que nuestra
economía de servicios internacionales
fue concebida para proveer o exportar
servicios hacia el mundo, de acuerdo a
la visión de ilustres gobernantes que se
retrotrae a 1916, con la promulgación del
Código de Comercio de Panamá.
Podemos observar, que la exposición de
motivos de dicho código contempla, en-
tre otras cosas, que debíamos preparar-
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