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neral de tipo registral constitutivo y por
la cual los derechos reales sobre bienes
inmuebles, que emanen de los contratos
celebrados entre las partes, sólo nacerán
a la vida jurídica desde el momento en
que dichos contratos son inscritos en el
Registro Público. En la también denomi-
nada prescripción extraordinaria como
queda dicho, éste no es el caso.
En Panamá la doctrina dominante con-
sideraba que la usucapión afectaba al
tercero registral. Asomaba la posibili-
dad de que una persona que compraba
una finca de buena fe, de quien estaba
certeramente titulado como dueño en el
Registro Público, podía enterarse poste-
riormente que no adquiría nada, ante la
aparición del usucapiente que, ejerciendo
su dominio a espaldas del Registro Públi-
co, podía demostrar posesión y dominio.
Sobre este tema señalaba el jurista Dulio
Arroyo Camacho lo siguiente: “Si se trata
de prescripción extraordinaria, de confor-
midad con lo dispuesto en los Arts. 447 y
1686, interpretados a contrario sensu y
del artículo 1696, parece que no ha sido
la intención del legislador prestarle la de-
bida protección a los terceros. En efecto,
como puede observarse, mientras que en
este último nada se dice sobre el parti-
cular, en los primeros el legislador alude
única y exclusivamente a la prescripción
ordinaria. Y es más, mientras que en el
Derecho español el legislador, en el Art.
462 correspondiente al 447 del C.C.
nuestro, alude a la prescripción, sin dis-
tinguir, nuestros legisladores modificaron
dicho artículo, limitando tales efectos
a la prescripción ordinaria. Es evidente,
pues, que estuvo en el ánimo del legis-
lador nuestro, la intención de no proteger
a tales terceros, con respecto a la pres-
cripción extraordinaria, de seguro porque
tratándose de plazos tan largos se ha en-
tendido que éstos han tenido ocasión de
hacer valer sus derechos oportunamente.
En este caso, ha dicho el Tribunal Supre-
mo de España rige lo dispuesto en el Art.
1959 del C.C. (que corresponde al 1696
nuestro) que, no exige el requisito de la
inscripción, tratándose de la prescripción
extraordinaria”.
Sin embargo, esta línea de interpreta-
ción finaliza a raíz de la expedición de
la Ley No. 1 de 20 de enero de 1959,
que entre sus artículos 8 al 13 se refie-
re a la prescripción. Y en su artículo 13
expresa: “La sentencia que declara una
prescripción hará las veces de escritura
pública para la propiedad de bienes raí-
ces o de derechos reales constituidos en
ellos, pero no valdrá contra terceros sin
su inscripción en el Registro Público”. La
norma transcrita no deja lugar a dudas.
Primeramente esta norma no distingue
el tipo de prescripción a la que aplicaría
(ordinaria o extraordinaria). El legislador
decide claramente proteger al tercero
registral, de los efectos de una prescrip-
ción adquisitiva de dominio consumada,
pero no registrada. O lo que es igual, la
usucapión no inscrita es ilusoria ante el
tercero registral. Es innegable el efecto
declarativo del registro de la prescripción
extraordinaria, así como de la demanda
que notifica el proceso, a través de un
asiento provisional. Esto constituye una
excepción a la naturaleza constitutiva
del Registro Público en Panamá, por el
cual los derechos reales sobre bienes
inmuebles que emanen de los contratos
celebrados entre las partes, sólo nace-
rán a la vida jurídica desde el momento
en que dichos contratos son registrados,
evitándose con la no inscripción, la trans-
ferencia de la propiedad del inmueble.
Pero en el caso de la usucapión, luego
de aplicar el artículo 13 de la Ley 1 de
1959, tanto la sentencia que declara la
prescripción adquisitiva de dominio como
la presentación de la demanda respecti-
va, se consideran inexistentes frente al
tercero registral, de no estar inscritas en
el Registro Público.
La posibilidad de que una persona que
compraba una finca de buena fe de quien
aparecía como propietario debidamente
inscrito, se estrellara con la realidad de
no haber comprado nada si la finca le
perteneciese al usucapiente al margen
del Registro Público, desaparece con la
Ley 1 de 1959. Ahora el tercero frente al
usucapiente queda protegido por la fe pú-
blica registral, eliminándose la excepción
de que la usucapión no caía dentro de su
ámbito de aplicación.
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