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Centro Financiero
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• Aportar mayor seguridad y previsibili-
dad a las transacciones.
• Profesionalizar la administración de
los recursos, para evitar la descapita-
lización de los activos, sean privados
o públicos.
• Mejorar las expectativas del ahorro y
el crédito, bajando las tasas de inte-
rés, alargando los plazos y ampliando
las alternativas de financiamiento.
Resulta indiscutido que la inflación por
encima de los parámetros normalmente
aceptados a nivel de los académicos eco-
nómicos, demuestra indubitablemente
que la salud de la economía de un país,
se encuentra afectada y funcionando en
un círculo vicioso, generando en la ma-
croeconomía un laberinto dinámico de
desorden productivo, económico, finan-
ciero, cambiario, presupuestario y políti-
co, lo que, a su vez, se traslada a la socie-
dad en sus relaciones microeconómicas,
cundiendo en el conjunto, la desilusión,
la pérdida de confianza y credibilidad en
el futuro.
Pero también es cierto, que la proble-
mática que trasunta la inflación, no debe
centralizarse exclusivamente en las cau-
sales económicas que dieron origen a
las disfunciones exteriorizadas, sino que
también es preciso ponderar el marco
normativo y jurídico circundante, para
el debido deslinde de responsabilidades
funcionales del pasado y las correcciones
legales que la experiencia vivida aconse-
jen para el futuro.
Si bien el Derecho no ofrece soluciones a
la problemática reflejada por la inflación,
si puede
prevenir
el fenómeno y mitigar
los riesgos de su advenimiento. Para ello
es imprescindible que los funcionarios
públicos jerárquicos a cargo de la admi-
nistración de los recursos estatales y los
empresarios, se ajusten a las leyes vigen-
tes y las cumplan, administrando eficien-
temente los recursos públicos e impul-
sando su gestión en forma transparente y
con arreglo a las pautas de conducta que
las normas imponen a los funcionarios
que los administran.
El Derecho es un condicionante de la ac-
tividad económica pública como privada,
y su acatamiento permite que cumpla su
rol de mitigador de riesgos macro y micro
económicos. Los funcionarios públicos
jerárquicos y empresarios deben ajustar
sus decisiones a la ley y no adecuar la ley
a sus decisiones. En particular, los fun-
cionarios públicos jerárquicos porque son
servidores
para el público y no
usuarios
de ese público.
La inflación y las soluciones que pue-
dan intentarse, requieren no sólo de un
acertado diagnóstico económico, sino
también de una acendrada intención de
cumplir con la normativa legal y ajustar-
se a ella.
XVII
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