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b. Que la constitución del tribunal
arbitral, el desarrollo del proce-
dimiento arbitral o la emisión del
laudo, no se ha ajustado al acuer-
do celebrado entre las partes o de
conformidad a lo establecido en el
presente Decreto Ley, o no haya
sido una de las partes notificada
en debida forma de la iniciación
del arbitraje o de cualquier trámite
del procedimiento.
c. Que el laudo se refiere a una
controversia no contenida en el
convenio arbitral, o que contiene
decisiones que exceden de su
ámbito o alcance.
4. Que el tribunal compruebe que el ob-
jeto de la controversia no es arbitrable
conforme a la ley panameña, o que el
laudo es contrario al orden público
panameño.
Como se puede deducir, el recurso de
anulación debe ser presentado al ampa-
ro de alguno de los presupuestos antes
establecidos, todos de carácter formal
y no sustantivo o de contenido del lau-
do o la forma en que el tribunal arbitral
resolvió. En tal virtud, dicho recurso no
constituye una instancia adicional, como
ha dictaminado la Corte Suprema de Jus-
ticia de manera contundente y reiterada,
al sentenciar que el recurso de anulación
no pretende la revisión del contenido del
laudo arbitral.
El recurso de anulación debe presentar-
se ante la Sala Cuarta de Negocios Ge-
nerales de la Corte Suprema de Justicia,
según dispone el artículo 35 del Decreto
Ley Nº. 5.
Aun cuando se presentara recurso de
anulación para tratar de impugnar el lau-
do dictado por los árbitros, causándose
retrasos en su ejecución, de igual forma,
el arbitraje sigue siendo una instancia
mucho más expedita que el trámite judi-
cial ante la jurisdicción ordinaria.
Se cuestiona si el tribunal arbitral cuen-
ta con “imperium”, es decir, con capa-
cidad para hacer efectivos sus laudos y
ejecutarlos. Ello tendría relevancia en
procesos ejecutivos prendarios hipoteca-
rios a efectos de determinar si un banco
sometería a arbitraje la ejecución de una
garantía prendaria o inmobiliaria. Perso-
nalmente, pensamos, que sí ya que al
disponer la Constitución Nacional que la
administración de justicia también puede
ser ejercida por la jurisdicción arbitral se
reconoce a los tribunales arbitrales como
instancias independientes de los tribuna-
les ordinarios de justicia, con autoridad
para resolver las controversias que las
partes les someten a su consideración y
autonomía para decidir sobres su com-
petencia al respecto de las pretensiones
que se les someten a su consideración,
atribuyéndoles a sus fallos el mismo valor
que los emitidos por los tribunales, con
efecto de cosa juzgada.
Pensamos que hay sustentos constitu-
cionales suficientes para considerar con
seriedad la inclusión en el proyecto de ley
de arbitraje que se encuentra pendien-
te de discusión en primer debate en la
Asamblea Nacional de Diputados el reco-
nocimiento de la capacidad de los tribu-
nales arbitrales para ejecutar sus propios
laudos, lo que, en mi opinión, permitiría
que tribunales arbitrales pudieran tomar
competencia de procesos ejecutivos y
que los bancos se motivaran a utilizar la
instancia arbitral.
Confiamos en que estas consideraciones
personales motiven el debate sobre el
tema para generar opinión que, a nues-
tro juicio, sería beneficioso para el sector
bancario y sus clientes.
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