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Centro Financiero
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mismo, en la que se decide que cualquier
controversia que surja de la ejecución,
interpretación o incumplimiento del con-
trato será resuelta mediante arbitraje,
disponiéndose en dicha cláusula la forma
en que se seleccionarán los árbitros y la
manera en que se desarrollará el proce-
dimiento arbitral. Usualmente, se remite
a la aplicación del reglamento de alguna
institución administradora de procesos
arbitrales, como el Centro de Conciliación
y Arbitraje de Panamá, adscrito a la Cá-
mara de Comercio, Industrias y Agricul-
tura de Panamá, o el Centro de Solución
de Controversias, adscrito a la Cámara
Panameña de la Construcción.
Aún cuando no hayan convenido cláusula
arbitral, el banco y el cliente podrían de-
cidir con posterioridad al surgimiento de
la controversia su sometimiento a arbi-
traje, estableciendo en ese momento las
formalidades a seguir.
La razón por la cual a un banco y su clien-
te les podría interesar someter a arbitraje
la controversia bancaria en lugar de re-
solverla por la vía judicial sería el factor
tiempo. Conforme al artículo 25 del De-
creto Ley Nº. 5 el tribunal arbitral deberá
dictar el laudo en el plazo máximo de seis
meses, contados a partir de la aceptación
del cargo por el último de los árbitros,
salvo que las partes o el reglamento apli-
cable establecieren un plazo distinto y no
hay instancias de apelación. Adicional-
mente, tampoco se permiten la interposi-
ción de recursos o acciones que puedan
dilatar el proceso. Contrario a ello, en la
instancia judicial los jueces no tienen tér-
mino para fallar y los procesos resultan
dilatados por la cantidad de acciones y
recursos que permite el Código Judicial.
El laudo arbitral constituye la sentencia
o resolución final con que el tribunal ar-
bitral resuelve la controversia y pone fin
al proceso, incluyendo cualquier aclara-
ción que requiera alguna de las partes,
según indica el artículo 33 del Decreto
Ley 5: “Con la notificación del laudo a las
partes y su aclaración o corrección pos-
terior, cesa la jurisdicción arbitral”. De
ello deriva que no hay segundas instan-
cias. El artículo 34 de Decreto Ley Nº. 5
permite, sin embargo, la interposición de
recurso de anulación, de manera taxati-
va, únicamente por las siguientes causas
taxativas:
1. “Cuando la parte que interpone el re-
curso pruebe:
a. Que el convenio arbitral estaba vi-
ciado por alguna de las causas de
nulidad consagradas en el Código
Civil y las causales contenidas en
los convenios internacionales que
la República de Panamá haya rati-
ficado sobre la materia.
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