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2. Cuestiones sobre las que haya recaí-
do resolución judicial que hagan trán-
sito a cosa juzgada”.
Observamos que esta disposición, en vez
de señalar los asuntos que pueden ser
objeto de arbitraje, opta por indicar las
materias no arbitrables; podrá someterse
a arbitraje, en consecuencia, todo aquello
que sea “de libre disposición de las par-
tes”, es decir, que no se encuentre prohi-
bido por dicha disposición legal.
El numeral 1) establece que no pueden
someterse a arbitraje aquellos asuntos
que no son de “libre disposición”. La
norma no define el término y se limi-
ta a hacer un señalamiento abstracto,
enunciativo, cuya letra y sentido resul-
ta impreciso, remitiendo a: a) “aquellas
afectas al desempeño de potestades pú-
blicas”, entendiendo nosotros por ellas
las materias que atañen el ejercicio de
alguna autoridad; b) “las que derivan de
funciones de protección o tutela de per-
sonas”, es decir, materias que, por su
naturaleza, deben estar sujetas a la tutela
de una autoridad pública y; c) “las que
están reguladas por normas de imperati-
vas de Derecho”, es decir, materias que,
por ley, están sometidas a una regulación
de orden público y, por lo tanto, son de
obligatorio cumplimiento. Dentro de ese
contexto, serán de “libre disposición” y
por lo tanto objeto de arbitraje, todas las
materias que no se encuentren dentro de
la referida restricciones.
A nuestro parecer, la interpretación de
dicha disposición es que pueden some-
terse a arbitraje las controversias entre
personas naturales o jurídicas sobre
materias respecto de las cuales tengan
la libre disposición y puedan ser objeto
de transacción. No serán arbitrables, en
consecuencia:
1. Causas criminales.
2. Materias de orden público, por ejem-
plo, relacionadas con derecho de
familia, tales como asuntos relativos
a alimentos; tutela; patria potestad;
guarda y crianza; separación de bie-
nes; divorcio; procesos de sucesión
o causas que versen con el Estado y
capacidad de las personas.
3. Cuestiones que, con arreglo a las le-
yes, sean competencia de alguna au-
toridad administrativa o judicial.
El numeral 2) también prohíbe someter a
arbitraje asuntos que versen sobre ma-
terias que ya hayan sido juzgadas. Al no
hacer distinción la norma sobre el ente
que haya resuelto la controversia, se en-
tiende la sentencia final y definitiva que
pone fin al litigio puede ser dictada, in-
distintamente, por un tribunal de justicia
o arbitral, de manera que se le da igual
reconocimiento de cosa juzgada a las
pretensiones arbitradas o decididas por
una instancia del Órgano Judicial.
De esta disposición, se puede concluir,
que cualquier controversia que derive de
una relación bancaria puede someterse
a arbitraje por voluntad del banco y su
cliente conforme a las disposiciones de
la Ley General de Arbitraje, sin aplicación
del artículo 212 de la Ley Bancaria ni so-
metimiento de la controversia a la Super-
intendencia de Bancos. Ello puede con-
venirse, previamente, en el contrato que
origina la relación, como una cláusula del
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