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Centro Financiero
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PARÁGRAFO:
La Junta Directiva ten-
drá la facultad de actualizar los montos
establecidos en este artículo, cuando lo
estime conveniente, tomando en cuenta,
entre otros criterios, el índice de precios
al consumidor”.
Como se puede observar, los temas ar-
bitrables ante la Superintendencia de
Bancos a voluntad de las partes se en-
cuentran limitados, ya que las entidades
bancarias prestan a personas naturales
o jurídicas una gama de servicios mayor
que las operaciones enunciadas en los
numerales 1 y 2 del artículo 199.
Ello no quiere decir que las controversias
que derivaran de la actividad bancaria
únicamente podrían resolverse median-
te arbitraje ante la Superintendencia de
Bancos. Destacamos, como se enun-
ció en párrafos anteriores, que Panamá
cuenta con una legislación arbitral au-
tónoma, que rige para toda controversia
arbitrable por voluntad de las partes y
que tiene un reconocimiento constitucio-
nal a partir de la reforma constitucional
de 2004. Conforme al artículo 202 de la
Constitución Nacional “El Órgano Judicial
está constituido por la Corte Suprema de
Justicia, los tribunales y los juzgados que
la Ley establezca. La administración de
justicia también podrá ser ejercida por la
jurisdicción arbitral conforme lo determi-
ne la Ley. Los tribunales arbitrales podrán
conocer y decidir por sí mismos acerca
de su propia competencia”.
Al disponer la Constitución Nacional que
la administración de justicia también
podrá ser ejercida por la jurisdicción
arbitral se reconoce a los tribunales ar-
bitrales como instancias independientes
de los tribunales ordinarios de justicia,
con autoridad para resolver las contro-
versias que las partes les sometan a su
consideración y autonomía para decidir
sobres su competencia al respecto de
las pretensiones que se les someten a
su consideración, atribuyéndoles a sus
fallos el mismo valor que los emitidos
por los tribunales, con efecto de cosa
juzgada. Dicha autonomía se corrobora
con el hecho de que la Ley de Arbitraje
no remite a los árbitros a la aplicación del
Código Judicial para suplir los vacíos del
procedimiento arbitral que no estuvieran
contemplados en la legislación arbitral o
en los reglamentos que rigieran el proce-
so de arbitraje; por el contrario, le otorgar
a los árbitros capacidad para interpretar,
aplicar y suplir las reglas de procedimien-
to que hubieran establecido las partes y
les adscribe competencia para estable-
cer y desarrollar el procedimiento cuando
las partes no hubieran adoptado uno.
En lo que respecta a las materias arbi-
trables, el artículo 2 del Decreto Ley Nº.
5 dispone que “No podrán ser sometidas
a arbitraje, las siguientes controversias:
1. Las que surjan de materias que no
sean de la libre disposición de las par-
tes. Se entiende por tales, entre otras,
todas aquellas afectas al desempeño
de potestades públicas o las que deri-
van de funciones de protección o tutela
de personas o que están reguladas por
normas de imperativas de Derecho.
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