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Centro Financiero
regulación por la Superintendencia de
Bancos para el sometimiento de una con-
troversia bancaria a la decisión de dicha
autoridad reguladora.
De la disposición citada se desprende,
siguiendo la naturaleza convencional
de la institución arbitral, reconocida por
el Decreto Ley 5 de 8 de julio de 1999,
regulador del arbitraje en Panamá, que
dicho método de solución de controversia
requiere del consentimiento de la entidad
bancaria y su cliente.
De la norma también deriva que no todas
las controversias surgidas de la actividad
bancaria serían arbitrables. Los conflictos
deben darse con un “Consumidor Banca-
rio”. Éste se encuentra definido en el artí-
culo 199 del Decreto Ley 2:
“ARTÍCULO 199. CONSUMIDOR BANCA-
RIO. Para los efectos del presente Títu-
lo se considerará consumidor bancario
aquel cliente bancario, sea persona na-
tural o jurídica, que adquiera un servicio
o producto bancario, activo o pasivo, que
reúna las siguientes condiciones:
Personas Naturales:
• Financiamientos destinados al consu-
mo personal del consumidor bancario
o de su familia, según hayan sido de-
finidos estos por la Superintendencia,
hasta un monto de cincuenta mil bal-
boas por transacción.
• Financiamientos por la compra, cons-
trucción o mejoras de la vivienda
principal del consumidor bancario
o de su familia, hasta un monto de
ciento veinticinco mil balboas por
transacción.
• Depósitos a la vista cuyo titular sea el
consumidor bancario hasta un monto
de veinte mil balboas por cuenta.
• Depósitos de ahorro o a plazo fijo
cuyo titular sea el consumidor banca-
rio hasta un monto de cincuenta mil
por cuenta.
Personas Jurídicas:
• Financiamientos recibidos para fines
comerciales, por las micro y peque-
ñas empresas, según son definidas
por la Ley de Micro, Pequeña y Me-
diana Empresa, hasta un monto total
de doscientos mil balboas.
• Financiamientos recibidos a través
de persona jurídica para uso final de
sus accionistas, dueños, familiares
o beneficiarios de éstos, hasta un
monto de ciento veinticinco mil bal-
boas.
• Cualquier otra transacción de persona
jurídica, según sea determinado por
la Superintendencia.
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